¡CUIDADO CON LAS CONSULTAS!

Hace más de dos mil años, uno de los más grandes líderes que ha dado la humanidad fue llevado a un juicio sumario frente a Poncio Pilato, quien era prefecto de la provincia romana de Judea. Valga decir que el acusado, de nombre Jesús de Nazaret, fue víctima de procedimientos legales poco claros y del contubernio de falsos testigos que, sin más, lo señalaron de malhechor, a sabiendas de que la acusación de blasfemo no tenía fundamento alguno. Sin embargo, aun cuando el gobernador romano sabía que todas las imputaciones eran falsas y violaban los derechos del inculpado, no quiso quedar mal con la turba y decidió hacer una consulta. Pidió a la multitud judía decidir entre la liberación de Jesús o la de un prisionero de nombre Barrabás, y esta, enardecida, sin conocimientos de causa e incitada por los intereses de unos cuantos, exigió casi al unísono la condenación y muerte de quien hoy es la figura central del cristianismo.

Como esta historia, podemos hacer el repaso de muchas consultas públicas que pueden devenir en determinaciones poco sensatas, por tratarse de asuntos donde no debe primar la emoción, sino el profundo conocimiento de los temas sujetos a discusión.

No está mal que la población opine de los asuntos públicos cuando se le consulte. Es un derecho que todo gobierno democrático debe amparar sin cortapisas. Lo que sí está en tela de juicio es que tenga poder de decisión sobre una materia que amerita un conocimiento técnico y especializado, porque finalmente su discernimiento puede estar sesgado por un factor emocional o la tendencia que marquen los grupos de interés.

Cualquier gobierno debe admitir que la conformación de equipos de expertos para el diseño, análisis e implementación de políticas públicas es un eslabón necesario para decidir con racionalidad el destino de una obra, por lo que dado ese paso, someter luego a la consideración masiva de los ciudadanos las alternativas para que definan el futuro de esa obra, representa un equívoco que puede traer tintes de manipulación.

Los gobernantes y futuros gobernantes deben entender que el carácter técnico de algunos temas amerita un tratamiento claro, transparente y con información confiable a todos los interesados, pero no necesariamente tiene que desembocar en una consulta popular que pareciera el medio para eludir la responsabilidad de tomar una decisión delicada, máxime cuando se pone en entredicho el cumplimiento de una promesa de campaña.

Parece que la generación de expectativas y la brecha que puede existir entre el discurso y la práctica orilla a pensar que si una resolución es compartida por todos, la culpa es menos.