¿Transición abrupta?

Especial resonancia ha tenido en los últimos días el tema de la transición política, con miras a formalizar el cambio de poderes el 1 de diciembre, para el caso de Presidente de la República, y el 31 del mismo mes, para gobernador de Tabasco.

Son dignas de reconocimiento la congruencia, madurez y responsabilidad con que muchos actores han asumido su papel tras concluir el agitado proceso electoral, aunque por ahí todavía pululan algunos resquicios de inconformidad y protesta, normales en el ejercicio de los derechos de manifestación que ampara nuestra Carta Magna y que la práctica democrática admite.

Los analistas políticos empiezan ya su acostumbrada tarea de pitonisas de oráculo, tratando de vaticinar los nombres de quienes ocuparán las posiciones de privilegio en los gabinetes federal y estatal.

Sin embargo, poco se ha dicho acerca de que todo proceso de transición no sólo entraña ventajas, como la posible ruptura de patrones de gobierno que han hecho ineficaz la función pública, sino que conlleva también eventuales riesgos, entre los que destacan –de entrada- la ausencia de pactos políticos explícitos y formales o en contraparte los arreglos discrecionales entre los gobernantes saliente y electo.

Hay quienes han echado las campanas al vuelo y apuestan a que el cambio de régimen traerá consigo un giro de 360^o en la forma de hacer política. Habría que atenuar los ímpetus y ser más racionales. Yo pienso que el cambio debe ser paulatino, vivirse con una intensidad gradual, pero no debe ser imperceptible a nadie.

No olvidemos que todo régimen político es dinámico por naturaleza, por lo que siempre está sujeto a procesos continuos de adaptación que llevan su tiempo.